En asamblea general realizada ayer, los dirigentes de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO), dispusieron la expulsión de los funcionarios que firmaron el Decreto Municipal 6 sobre el Carnaval, en caso de que éstos sean integrantes de algún conjunto folklórico, además ratificaron su declaratoria de personas no gratas y enemigos del Carnaval.
Los firmantes de la normativa son: la alcaldesa municipal de Oruro, Rossío Pimentel Flores; el secretario general, Jorge Ustárez Beltrán; el director de Asuntos Jurídicos, Edgar Blaz Ibáñez; oficial mayor de Desarrollo Económico y Hacienda, Juan Pablo Canaviri Ayala; oficial mayor de Gestión Urbana Territorial, Freddy Botello Encinas y la oficial mayor de Desarrollo Humano, María Rosario Cortez Gonzales.
Además del oficial mayor de Cultura, Miguel Guerra Tolín; director de Planificación, Mario Rojas Jiménez; el de Desarrollo Organizacional, Guido Fuentes Sotomayor; el director de Recursos Humanos, Orlando Agustín Zapata Sánchez, y el de Comunicación, Grover Gutiérrez García.
"Todos los que han sido declarados personas no gratas y enemigos del Carnaval, deben ser separados de los conjuntos a los que pertenecen, además se ha ratificado el respaldo a los convenios firmados con el sponsor (Cervecería Boliviana Nacional) así como con la empresa televisiva. Asimismo se dispuso que se inicien querellas en contra de las personas que estén mellando la dignidad de la institución con acusaciones de corrupción", sostuvo el presidente de la ACFO, Jacinto Quispaya.
RUTA
Los dirigentes ratificaron que cambiarán la ruta de la Entrada del Carnaval de Oruro, aunque no dieron a conocer cuál será la nueva, aseguraron que la harán conocer en "su debido tiempo".
"Todos los danzarines son orureños y tienen el derecho a la libre transitabilidad porque son quienes pagan sus impuestos en Oruro, por lo que tienen todo el derecho de utilizar las calles", expresó Quispaya.
REVOCATORIA
En la asamblea, algunos delegados de los conjuntos sugirieron que se exija la revocatoria de la alcaldesa Pimentel, por lo que actuarán con la misma radicalidad con la que la autoridad estaría procediendo "en contra de los intereses de la ACFO", es así que desde hoy trabajarán en ese sentido, "protegiendo los intereses de la institución".
El dirigente de la ACFO también informó que se reunió con los dirigentes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales y del Comité Cívico, a los que explicaron sobre los ingresos que tienen y presentaron los informes auditados.
En cuanto a una posibilidad de diálogo, Quispaya consideró que si la alcaldesa hubiese tenido la predisposición de dialogar, lo hubiese hecho desde un principio.
"Si hubiese tenido la buena voluntad y la sana intención de poder solucionar este problema ya lo hubiese hecho, pero esta asamblea se tuvo que llevar a cabo viendo la posición de la alcaldesa de que no tiene el menor interés de solucionar el conflicto", enfatizó.
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